Por Gerardo Herrera.
En México la violencia contra las mujeres y las familias son alarmantes, Puebla no es la excepción. Según datos del INEGI, en 2022 el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años en México reportaron haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
En Puebla, esa cifra se mantiene apenas por debajo de la media nacional, pero los casos de feminicidio y violencia intrafamiliar siguen incrementándose, evidenciando que el problema no solo persiste, sino que crece.
Ante esta realidad, la creación de las “Casas Violeta” se presenta como una iniciativa urgente y necesaria, aunque no está exenta de críticas y preguntas incómodas.
Según la Fiscalía General del Estado de Puebla, en 2024 el estado registró 42 feminicidios, colocándose entre los más altos del país.
Paralelamente, las denuncias por violencia intrafamiliar superaron las 12,000, lo que refleja no solo un aumento en la prevalencia del problema, sino también una mayor disposición de las víctimas a denunciar, a pesar de la falta de confianza en las instituciones.
Sin embargo, ¿qué tan efectivas han sido las respuestas de las organizaciones y colectivos que defienden los derechos de las mujeres? Aunque hay grupos comprometidos que trabajan incansablemente en la atención y visibilización de la violencia, también es cierto que en muchos casos las acciones se han quedado en lo superficial: marchas, comunicados y campañas que poco o nada cambian en la vida cotidiana de las víctimas.
La propuesta de las “Casas Violeta” llega como una respuesta a una deuda histórica con las víctimas de violencia. Estos espacios, que se instalarán en municipios clave como Tepexi, Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, buscan ofrecer atención integral a mujeres, niñas, niños y hombres que sufren de violencia.
Más allá de un refugio temporal, prometen brindar acompañamiento psicológico, jurídico y social, cubriendo un vacío que las instituciones y organizaciones no han logrado llenar.
La ubicación de estas casas en el interior del estado no es un dato menor. Durante años, la mayoría de las políticas públicas se han concentrado en la capital y sus alrededores, dejando a los municipios más alejados con pocos o nulos recursos para enfrentar la violencia. Esto no solo refleja una falta de equidad en la distribución de servicios, sino también una indiferencia hacia las comunidades más vulnerables.
Si bien las “Casas Violeta” son un paso en la dirección correcta, el desafío radica en garantizar su operación efectiva. ¿Tendrán el presupuesto suficiente? ¿Estarán adecuadamente capacitadas las personas que trabajen en estos espacios? ¿Se coordinarán de manera eficiente con la Fiscalía General del Estado y otros organismos?
Además, no podemos ignorar que esta iniciativa llega en un contexto donde la sociedad parece anestesiada frente a la violencia.
Por cada denuncia de violencia intrafamiliar o feminicidio, hay decenas de casos que nunca llegan a las autoridades. Y aunque las organizaciones civiles han hecho esfuerzos por cambiar esta realidad, muchas veces se quedan cortas, atrapadas en el activismo de escaparate o el comercio político.
Mientras las instituciones públicas y privadas siguen discutiendo soluciones, las víctimas siguen ahí, esperando una respuesta. Este proyecto representa una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de reconocer que la seguridad no solo se mide en patrullas y detenciones, sino en la capacidad de proteger y transformar vidas.
No obstante, como sociedad, también tenemos una tarea pendiente: dejar de mirar hacia otro lado. La violencia no es un problema de las mujeres, es un problema de todos. Y mientras sigamos normalizándola, será imposible construir un país más seguro y justo.
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